lunes, 18 de abril de 2016

Más violencia hacia la mujer
 “Por miembros del PAN”
En el capítulo de hoy en su telenovela panista:
“Acusemos a la chacha”



Juan Antonio Ortega, abogado de la mujer que pasó más de cuatro años en prisión injustamente acusada por un robo millonario ocurrido en la Casa de Gobierno cuando era habitada por el ex gobernador de Sonora, recordó que en aquel entonces el legislador pianista por la vía plurinominal era secretario particular de Guillermo Padrés, quien ejecutó la orden de privar ilegalmente de su libertad a Gisela Peraza y torturarla para que confesara un crimen que según estableció un Juez, ella jamás cometió.


“Traemos testimoniales, traemos certificados médicos, traemos fotografías, todos los elementos para que no vayan a decir que es cuestión política, es una cuestión de justicia; el diputado Agustín Rodríguez y Guillermo Padrés están acusados por el delito de tortura, abuso de autoridad, lesiones, incumplimiento de un deber legal, privación ilegal de la libertad y yo creo que le resultarán muchos más delitos", explicó el abogado de la víctima.

Gisela Peraza recordó que en el 2011, aún como secretario de Guillermo Padrés, el  diputado Agustín Rodríguez fue quien la señaló y encerró en una habitación de la residencia oficial, además que atestiguó y azuzó torturas por parte de agentes de la Policía Estatal Investigadora.



Él fue el primero que me acusó, me encerró en mi recámara en Casa de Gobierno, me golpeó, me entregó a las autoridades, él daba las órdenes para que me torturaran y golpearan, sin que yo pudiera defenderme", agregó Gisela Peraza.


Fue el 13 de marzo del 2011, cuando Gisela Peraza fue retenida ilegalmente durante varias horas en la residencia oficial que entonces habitaba Guillermo Padres junto a su familia, quienes la acusaban de haberse robado siete millones de pesos y joyas preciosas que el ex mandatario guardaba en su alcoba.


Según estableció, la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ama de llaves fue torturada en la propia Casa de Gobierno y privada de su libertad, además que luego fue denunciada por el robo de 400 mil pesos en efectivo y joyas valuadas en 150 mil pesos, cantidades muy por debajo de lo que referían sus verdugos al momento de torturarla.



En caso de ser encontrados culpables, el ex mandatario panista y sus cómplices podrían pasar más de 20 años en prisión debido a que los delitos por los que son acusados se consideran graves y no alcanzan fianza, además que fueron cometidos cuando ostentaban un cargo público, lo que se considera un agravante.
Padrés no  hizo caso ni de las sugerencias del líder del PRI

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